Raymundo N N enfrenta una investigación iniciada y elaborada en la Unidad de Investigaciones Foráneas por su probable responsabilidad en el hecho delictivo de Robo Calificado. Los datos de prueba ofrecidos por la Representante Social permitieron el auto de vinculación a proceso en su contra y la imposición de medidas cautelares decretadas por el Juez de Control y Juicio Oral Penal.

En los hechos que se investigan, el día 28 de diciembre del año 2022 alrededor de las 18:00 horas, Raymundo se encontraba acompañado por diversas personas, cuando ingresaron a una negociación ubicada sobre avenida Siglo XXI frente al corporativo San Cristóbal.

Luego, se apoderaron de una camioneta de la marca Nissan, propiedad de la víctima; siendo que, para lograr su cometido amagaron al personal que se encontraba laborando en el local comercial, con un arma de fuego. Evidenciándose. la afectación patrimonial del pasivo.

De acuerdo a la formulación de imputación elaborada por la fiscal, la conducta que se le atribuye al probable responsable es en calidad de coautor, ya que su actuación fue de manera conjunta.

Celebrada la audiencia inicial en una sala del Quinto Partido Judicial con sede en Jesús María, la fiscal en turno formuló imputación en contra de Raymundo, a quien hizo de su conocimiento que la Unidad de Investigaciones Foráneas estaba realizando una investigación en su contra por su probable participación en el hecho delictivo de Robo Calificado.

Con la exclusiva competencia para juzgar y hacer ejecutar la ley, el Juez de Oralidad dictó el auto de vinculación a proceso en contra del imputado; acogiendo la solicitud para el debate de medidas cautelares y con el objeto de garantizar la comparecencia del probable responsable, el Órgano Jurisdiccional adoptó las marcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales que comprenden las fracciones I, V, VII y VIII.

Raymundo deberá presentarse de manera mensual ante el Juez; tiene prohibido salir del Estado; no puede acercarse a menos de 300 metros al domicilio laboral de la víctima y testigos; no se puede aproximar a menos de 300 metros de la residencia del pasivo y sus atestes.

Para el plazo de cierre se fijaron dos meses los cuales serán de utilidad para el desarrollo de las indagatorias complementarias.