Por grabar un video en el interior de un domicilio de manera furtiva y sin permiso, la Unidad de Trámite Común integró la carpeta de investigación en contra de Blanca Marcela N N por su probable intervención en el hecho delictivo de Allanamiento de Morada. Consecuencia de su conducta el Juez de Control y Juicio Oral Penal impuso la prisión preventiva justificada, toda vez que los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público fueron suficientes para resolver su situación legal.

El allanamiento se formalizó en el domicilio de la pasiva, ubicado en la calle Rebeca Campos del fraccionamiento Rodolfo Landeros; en el mes de noviembre del año 2021, Blanca Marcela se introdujo de manera furtiva a la vivienda que habitaba la víctima junto con su esposo.

De tal forma que, al encontrarse en el interior comenzó a grabar un video del inmueble que la propia Blanca Marcela decidió utilizar como prueba para un expediente familiar. Sin embargo, su conducta encuadra en el hecho delictivo de Allanamiento de Morada previsto y sancionado penalmente.

Luego de la denuncia presentada por la parte afectada, el Agente del Ministerio Público organizó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos; con la carpeta de investigación integrada, el funcionario representante de la Unidad de Trámite Común solicitó del Juez de Oralidad un citatorio dirigido a Blanca Marcela; con el propósito de celebrar audiencia inicial por los hechos denunciados.

El mecanismo procesal tiene como principal objetivo ejercer la acción penal en contra de la imputada, pero ello no implica que se pierda la dirección de la investigación.

Por lo tanto, en audiencia inicial por citación el fiscal encargado de la causa penal formuló imputación en contra de Blanca Marcela por su probable intervención en el hecho delictivo de Allanamiento de Morada. Los datos de prueba presentados reforzaron la teoría del caso elaborada por el representante de la Unidad de Trámite Común, derivado de ello el Impartidor de Justicia deliberó el auto de vinculación a proceso.

Finalmente, acogiendo la petición del Representante de la Sociedad el Juez de Control y Juicio Oral Penal impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de cierre de investigación complementaria de dos meses.